Las alternativas legales que le quedan a Chile frente al aumento de aranceles

La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de nuevos aranceles a los países que comercian con su país, incluyendo aquellos con los que mantiene un Tratado de Libre Comercio (TLC). Tal es el caso de Chile, que desde 2004 tiene un TLC vigente con EE.UU., el cual permitió una reducción progresiva de los aranceles hasta alcanzar una tasa del 0% para la importación recíproca entre ambos países en 2015, condición que se mantiene hasta la actualidad.

Cristóbal Pérez, académico y abogado experto en derecho tributario, explica qué acciones podría tomar Chile ante un eventual incumplimiento del tratado, “la incorporación de aranceles con una tasa del 10% por parte de Estados Unidos podría considerarse contraria a los objetivos del acuerdo. Sin embargo, para estos casos existen mecanismos de solución de controversias”, señala el experto.

Pérez detalla los pasos que podría seguir el país, “en primer lugar, el gobierno chileno podría enviar una consulta formal por escrito al gobierno de Estados Unidos con el fin de resolver la situación de forma bilateral”, aclara el académico. Si esta instancia no prospera, se podría activar el segundo mecanismo, “la constitución de la Comisión de Libre Comercio, compuesta por representantes ministeriales de ambos países, cuyo objetivo es abordar y resolver este tipo de conflictos”, agrega Pérez.

El abogado menciona también que, “en caso de no alcanzar un acuerdo en esa etapa, se podría activar el mecanismo de resolución de controversias contemplado en el artículo 22 del Tratado de Libre Comercio, el cual permite la conformación de un grupo arbitral independiente. Este grupo tendría la facultad de emitir un informe final y establecer sanciones si así lo estima pertinente”, detalla el experto.

De todas formas, el académico advierte: “Estas sanciones considerarían, en primer lugar, la suspensión de los beneficios del tratado, y eventualmente también podrían incluir una sanción de carácter monetario”, concluye Pérez.