Dominga y sus consecuencias

Columna de Opinión de Paula Guerrero Zaro, Ingeniero Civil Industrial

La semana pasada dejó ver la crisis en institucionalidad que ya se arrastraba hace bastante tiempo y la falta de liderazgo al interior de un bloque político. La cual desencadena el cambio de un equipo económico ad portas de la ley de presupuesto 2018, y a seis meses del término de Gobierno. Si nos detenemos en el proyecto Dominga, hay una serie de elementos que hacen ver una pésima toma de decisiones que van desde votar un proyecto con juicio político regional hasta un ministro de economía retirándose previo a la votación, porque no pudo hacer un análisis en profundidad de los antecedentes presentados, no votando, mezcla de extremado deber y responsabilidad o abandono total de deberes e irresponsabilidad supina, lo que haya sido ha generado en los inversionistas una gran incertidumbre en el futuro. Ahora, esté proyecto en particular su aprobación o rechazo no se zanjó en la región, primer error dado que hace ver la inconsistencia presente en las regiones las cuales están solicitando mayor autonomía fiscal y descentralización de competencias pero por otro lado, dejan la decisión de un proyecto de una envergadura de US$ 2.500 millones en manos de un Comité de ministros ajeno a la realidad geográfica, territorial, social, económica y medio ambiental de la zona donde se emplaza el proyecto en cuestión. Curioso que Dominga haya pasado por la fase técnico-política, luego política, y próximamente judicial. No es sano, dado que las votaciones se basaron en antecedentes subjetivos y netamente políticos, primando la arbitrariedad. Si analizamos el proceso de forma holística hay hitos que son relevantes como la aprobación de la concesión marítima, la cual pasa por organismos técnicos que participan: Subsecretaría para las FFAA, SERNAPESCA, Capitán de Puerto, Gobernador marítimo, Gobierno Regional, MOP, MINVU, autoridades comunales entre otros. En este caso se debe votar objetivamente de acuerdo a los antecedentes que son analizados y revisados en comisiones, para luego llevarlos al CRUBC (Comisión Regional del Uso del Borde costero), comisión que vota favorable, desfavorablemente o se abstiene en autorizar o no la concesión. Dicho la anterior, el presente hito es relevante dado que la mayoría de los actores mencionados anteriormente son intervinientes en el proceso de la EIA, proceso que puede durar años, donde no sólo pierde recursos el privado sino el ente público en horas/humana dedicadas a estudiar, analizar, responder, solicitar y aclarar en el proceso de evaluación del proyecto. Si en paralelo analizamos como se generan los procesos de inversiones extranjeras en nuestro país o de origen nacional, están invirtiendo cuantiosos recursos que van del orden de los US$ 400 millones en exploraciones previo preparar los proyectos y presentarlos a las distintas etapas de concesión marítima, si así lo amerita, bienes nacionales en la concesión de los paños territoriales y la EIA. Ante lo expuesto, un país necesita crecimiento sustentable en sintonía con el medio ambiente, pero esto va de la mano con instalar procesos eficientes y eficaces en la institucionalidad del Estado que eliminen los dilemas de aprobar o rechazar políticamente.