EQUILIBRIO EN POLÍTICAS DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA ATACAMA

COLUMNA DE OPINIÓN
Por: Luis P. Morales Vergara
(Ingeniero en Acuicultura con mención en Biotecnología, Diplomado en Gestión Integrada y Diplomado en Comercio Internacional, Candidato a Magister en Administración y Negocios.)

EQUILIBRIO EN POLÍTICAS DE DESARROLLO TERRITORIAL PARA ATACAMA

Dentro de los 35 estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sólo cinco países invierten menos del 1% del PIB en innovación y desarrollo (I+D) estos son Chile, Polonia, Eslovaquia, Grecia y México. En el otro extremo, Corea del Sur es el país que más invierte en I+D, alcanzando un 4,29% del PIB, sigue Israel y Japón, con un 4,11% y un 3,59% respectivamente. Este indicador sin duda impacta en el índice de productividad y competitividad de los sectores productivos de nuestro país, contexto que ubica a la región de Atacama en las últimas posiciones de Índice de Competitividad Regional (ICORE 2014-2015) medido cada 2 años por la Universidad del Desarrollo.

A nivel regional, corresponde este año la actualización de la Estrategia Regional de Desarrollo para Atacama, que en su primera evaluación para el período 2007-2015 (CCIRA) deja algunas tareas pendientes – al día de hoy – en lineamientos claves para el crecimiento de Atacama como la formación de capital humano, con cero % de avance en la meta como la creación de un centro de formación técnica (CFT) en la provincia de Chañaral. También, se puede identificar un nulo avance en la meta de revisar permanentemente las mallas curriculares de los CFT y universidades de la región, que permita el adecuamiento de estas a la demanda de empleo regional. Similar situación marca el levantamiento de perfiles y certificación de competencias laborales para la agricultura de la región. En el mismo informe, se puede distinguir reducidos cumplimientos en los lineamientos de modernización institucional y gestión regional, diversificación-dinamismo de la economía regional, recurso hídrico, medio ambiente para el desarrollo sustentable y promoción de la investigación e innovación.

Para salir de esta condición de estancamiento existen distintas visiones académicas y políticas, las más clásicas apuntan a catalizar los procesos de descentralización y desarrollo territorial, como únicos medios para superar las complejas desigualdades existentes entre quienes viven en distintas zonas del país. Sin embargo, a nivel regional solo hemos fijado la discusión en la elección democrática de las autoridades, dejando sin desarrollo el análisis para crear los espacios de confianza para que la inversión en sectores productivos como minería, agricultura, construcción, entre otras, sea equilibrada con el consiguiente bienestar de las comunidades y vuelva, a través de la generación de empleos, a entregar mejores oportunidades para las personas de Atacama. De esta forma, es urgente retornar a los espacios de diálogo considerando una priorización de las variables críticas para el rediseño del proyecto de desarrollo territorial que se configure como el principal mecanismo de coordinación mediante la producción sistemática de información, circulación, modificación y convergencia final a un consenso con horizonte de 10 años. Considerando que la coordinación, claramente definida por el autor Sergio Bosier (1997) del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, no puede ser impuesta – se produciría en tal caso una contradicción lógica en los términos – ella debe surgir del mismo trabajo grupal y de la jerarquía establecida en un sistema.

La sumatoria de las acciones previamente definidas, permitirá instalar una cultura equilibrada de desarrollo en el territorio de Atacama, eliminando una cultura extremadamente competitiva que probablemente produzca un elevado y acelerado crecimiento, pero excluyente de los componentes subjetivos y éticos de un desarrollo bien entendido y también suprimiendo una cultura dominada por el asistencialismo, que pudiera generar situaciones de considerable equidad social, pero sin atacar el problema estructural siendo solo una medida transitoria frente a un bajo crecimiento económico que disminuye el acceso a empleos de calidad, aumenta la precaridad de las fuentes de trabajo y reduce los ingresos por sueldos en los trabajadores de la región (Encuesta Suplementaria de Ingresos ISI, INE 2017).